¿Cuánto peso ejerce realmente, en términos económicos, el ecosistema de centros de retiro que trabajan con ayahuasca en Costa Rica? Hasta ahora, nadie lo sabía con precisión. Un nuevo informe elaborado por el doctor Leiner Vargas Alfaro, catedrático del Centro Internacional en Política Económica (CINPE) de la Universidad Nacional, junto con la investigadora Raquel Blanco, ofrece la primera aproximación sistemática a esta pregunta.
El estudio encuestó a 32 de los aproximadamente sesenta centros que operan actualmente en el país, complementando los datos con entrevistas a autoridades locales, líderes comunitarios y expertos en ecoturismo, además de visitas de campo a cuatro centros seleccionados como casos de estudio.
Empleo e impacto en el PIB
Los 32 centros encuestados generan 518 empleos directos, el 68 % de ellos formales y a tiempo completo. Extrapolando esta proporción al conjunto del sector, el informe estima que más de 5.000 familias costarricenses dependen del empleo directo que generan estos centros, y que —aplicando el multiplicador de empleo indirecto habitual en estudios de turismo— la cifra total de puestos de trabajo sostenidos por el ecosistema supera los 13.000. Es de notar que la mayoría de estos empleos se concentran en áreas rurales, donde la creación de nuevo empleo resulta más difícil, y son empleos que cuentan con alta participación de mujeres, lo que contribuye significativamente a la economía local en regiones con menor desarrollo.
En términos de facturación, los centros encuestados facturan en conjunto 14,4 millones de dólares al año. Extrapolado al sector completo, su aportación al PIB nacional podría rondar entre 35 y 40 millones de dólares anuales, una cifra equivalente al 20 % del valor agregado de la industria del café, según datos del Banco Central de Costa Rica.
Un compromiso ambiental medible
Más allá de lo económico, el estudio documenta un compromiso ambiental notable: el 96,88 % de los centros encuestados declara implementar prácticas sostenibles, y en conjunto protegen una superficie estimada de 5.000 hectáreas —una extensión comparable a la del Parque Nacional Volcán Tenorio—, principalmente en bosque tropical y otros hábitats de alto valor ecológico.
El informe también recoge alianzas activas con comunidades locales: un 38 % de los centros colabora con comunidades indígenas y un 19 % con instituciones educativas, en iniciativas que van desde la reforestación conjunta hasta el apoyo a proyectos culturales y de recuperación de territorios.
Costa Rica no cuenta todavía con una normativa específica para este tipo de centros. Aun así, el estudio encuentra niveles altos de autoexigencia en materia de seguridad: el 96,55 % de los centros cuenta con facilitadores capacitados, el 93,10 % realiza preselección de participantes y el 89,66 % ofrece acompañamiento de integración tras el retiro.
Las opiniones sobre una eventual regulación estatal se dividen, aunque la mayoría de los centros se inclina por fórmulas de autorregulación sectorial antes que por la intervención directa del Estado.
El informe no elude las tensiones que señalan los propios centros: preocupación por el ruido, el uso del agua o el riesgo de que estos espacios generen una «burbuja» que aleje a los visitantes de la comunidad local. Estos desafíos, según el propio estudio, los comparten con otros enclaves turísticos del país, y reflejan un ecosistema todavía en proceso de consolidación.
¿Una conversación necesaria de cara al futuro?
Estos datos resultan alentadores, pero no cierran el debate. Los últimos años han dejado una serie de noticias sobre problemas y accidentes en el sector, incluida una fatalidad —vinculada al consumo de iboga, no de ayahuasca— en un centro de retiro costarricense, que ha puesto sobre la mesa la urgencia de avanzar hacia estándares comunes.
El propio informe apunta que una regulación del sector no sólo podría traducirse en prácticas más seguras para los participantes, sino también en la seguridad jurídica que hoy reclaman quienes invierten en él. Bajo ese escenario, el crecimiento estimado del sector —multiplicar por cinco su capacidad instalada— se traduciría en cerca de 65.000 puestos de trabajo y más de 200 millones de dólares anuales en facturación.
Costa Rica no recorrería sola este camino: países vecinos como Jamaica nunca llegaron a prohibir la psilocibina —el componente psicoactivo de los hongos—, lo que ha dejado florecer ahí una industria de retiros psicodélicos bajo un vacío legal similar al costarricense. Ante la ausencia de normativa estatal, la propia industria jamaicana ya trabaja en organizarse en torno a estándares comunes. Con un ecosistema ya consolidado y en crecimiento, Costa Rica ocupa una posición privilegiada para dar un paso más allá y convertirse en referente mundial de un sector que, tarde o temprano, tendrá que decidir entre la autorregulación y un marco legal propio.
Para ICEERS, esta investigación llega en un momento clave: aporta datos concretos a un debate —el de cómo regular, o autorregular, los espacios donde se trabaja con plantas de uso tradicional— que hasta ahora se sostenía casi enteramente sobre percepciones. El equipo de investigación presentará los principales hallazgos del estudio en el Foro Mundial de la Ayahuasca 2026, que se celebrará del 11 al 13 de septiembre en Girona.
Para descargar el resumen ejecutivo del estudio sobre el impacto económico del ecosistema de retiros con ayahuasca en Costa Rica, deje su nombre y correo electrónico.
El informe completo, con el detalle metodológico y los datos desagregados por categoría, estará disponible bajo solicitud a finales de 2026.