En la última década, ICEERS ha apoyado 448 casos legales en 49 países relacionados con prácticas tradicionales con plantas, revelando patrones globales de criminalización y nuevos desafíos para las comunidades.
En 2014, en la primera World Ayahuasca Conference celebrada en Ibiza, se plantó una semilla. Practicantes, investigadores y expertos jurídicos se reunieron en torno a una preocupación común: en todo el mundo, se estaba deteniendo, procesando y encarcelando a personas por participar en prácticas ancestrales con plantas, tradiciones que las comunidades indígenas llevan siglos practicando. Dos años más tarde, esa semilla echó raíces. El Ayahuasca Defense Fund (ADF) se convirtió en un programa formal dentro de ICEERS, dando estructura al trabajo de defensa legal que la organización había estado desarrollando desde 2010.
Ahora, una década después de su lanzamiento formal, el programa de soporte legal de ICEERS se ha convertido en una de las iniciativas de defensa legal internacional más importantes en este campo. Al comenzar 2026, reflexionamos sobre un año de hitos, retos emergentes y una huella global en constante expansión.
2025 en cifras
Este año, el programa recibió 59 nuevos casos, lo que lo convierte en uno de los años más activos de nuestra historia. De ellos, nueve involucraban a miembros de comunidades indígenas, lo que reafirma nuestro compromiso con la protección de los derechos culturales de los pueblos que han salvaguardado estas prácticas durante generaciones.
Al igual que en años anteriores, la ayahuasca sigue siendo el centro del panorama legal, con 33 de los 59 casos. Le siguen las setas de psilocibina y la hoja de coca, con cinco casos cada una.
Geográficamente, España siguió liderando con 17 casos, lo que refleja tanto la activa comunidad de ayahuasca del país como las zonas grises legales en las que operan muchos practicantes. Le siguen Estados Unidos con siete casos, México con cuatro y Reino Unido, Turquía, Alemania y Chile con tres cada uno. En total, se recibieron casos de 21 países diferentes.
Con estas incorporaciones, el programa de apoyo legal de ICEERS ha prestado asistencia en 448 casos en 49 países desde su creación.
Una década de crecimiento: lo que nos enseña
Al analizar las cifras año por año, la trayectoria de este trabajo revela no sólo el crecimiento de nuestro programa, sino también la historia más amplia de la globalización de las prácticas vegetales y la fricción legal que la acompaña.
En 2018, gestionamos 19 casos. En 2021 y 2022, esa cifra alcanzó un máximo de 62. Tras un ligero descenso a 43 en 2023, se produjo una nueva tendencia al alza: 51 en 2024 y 59 en 2025. Estas fluctuaciones reflejan los cambios en la atención de las fuerzas del orden, los nuevos precedentes legales y la creciente concienciación sobre el programa de apoyo legal de ICEERS dentro de la comunidad global.
A lo largo de diez años, los patrones se han vuelto más claros. La criminalización no está disminuyendo, sino diversificándose. Lo que comenzó predominantemente como casos relacionados con la ayahuasca se ha ampliado para incluir un espectro más amplio de medicinas ancestrales. Lo que antes se concentraba en un puñado de países, ahora abarca casi cincuenta. Y aunque muchas de las personas a las que apoyamos son practicantes o participantes en ceremonias, los contextos legales en los que se encuentran varían enormemente, desde cargos por tráfico basados en sustancias mal identificadas hasta reclamaciones de libertad religiosa e impugnaciones constitucionales.
A medida que siguen surgiendo casos, también somos testigos de la colisión continua entre tradiciones milenarias y sistemas jurídicos modernos diseñados sin tenerlas en cuenta.
Nuevas tendencias, nuevas preocupaciones
Los datos de 2025 también revelaron varias tendencias que merecen una atención especial por parte de la comunidad.
Las disputas familiares como nueva frontera de la criminalización. Cuatro de los casos de este año estaban relacionados con disputas familiares o por la custodia de los hijos, en los que el uso de plantas tradicionales se utilizó como arma arrojadiza contra uno de los progenitores. Esto representa una evolución preocupante que amplía el alcance de la criminalización al ámbito privado, utilizando las prácticas relacionadas con las plantas no como prueba de un delito, sino como argumento de carácter en los tribunales de familia.
Los curanderos indígenas en la encrucijada de la globalización. La globalización de las prácticas con plantas ha creado una paradoja cada vez más difícil de ignorar: a medida que crece en todo el mundo el interés por las tradiciones curativas ancestrales, los practicantes indígenas que poseen estos conocimientos se vuelven más vulnerables, en lugar de menos.
En 2025, seguimos viendo casos de curanderos indígenas que viajaban al extranjero con sus medicinas tradicionales y eran detenidos, procesados o deportados a su llegada. En la mayoría de estos casos, las autoridades implicadas no comprendían la naturaleza cultural y espiritual de las sustancias, no eran conscientes de que las prácticas indígenas están protegidas por instrumentos internacionales de derechos humanos como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y no contaban con un protocolo institucional para distinguir el uso tradicional del tráfico ilícito.
Al mismo tiempo, muchas de estas situaciones tienen su origen en ceremonias o retiros organizados sin la debida base jurídica. Los organizadores que invitan a curanderos indígenas al extranjero suelen no evaluar el marco normativo del país anfitrión, descuidan la contratación de asesoría jurídica y, en algunos casos, no asumen ninguna responsabilidad cuando las cosas salen mal. El curandero acaba afrontando las consecuencias solo: en el peor de los casos, cargos penales; en el mejor, la deportación.
Esto representa no sólo un fracaso legal, sino también ético. Si la comunidad mundial valora estas tradiciones lo suficiente como para buscarlas, también debe valorar a las personas que las practican lo suficiente como para protegerlas.
Negligencia e incidentes de seguridad. Han aumentado las denuncias de negligencia por parte de facilitadores o centros de retiro. Aunque estos casos representan una pequeña fracción del panorama general, suscitan serias preocupaciones. Ponen de relieve la urgente necesidad de autorregulación de la comunidad, formación de los profesionales, protocolos de selección y estructuras de apoyo a la integración que ICEERS lleva mucho tiempo defendiendo a través de su Centro de Apoyo y sus iniciativas de reducción de riesgos.
Estos incidentes también ponen de relieve una paradoja: la misma criminalización que los gobiernos persiguen en nombre de la salud pública a menudo impide el establecimiento de normas de calidad, protocolos de reducción de daños y marcos de rendición de cuentas que protegerían verdaderamente a las personas participantes.
Una presencia global con raíces locales
Uno de los aspectos más destacables del programa de apoyo jurídico de ICEERS durante la última década radica en la diversidad geográfica de los casos que aborda. Desde los tribunales de Bali hasta los procedimientos legales en Canadá, desde las comisarías de policía de la España rural hasta los recursos de inconstitucionalidad en la Ciudad de México, nuestro equipo ha navegado por una amplia gama de sistemas jurídicos, contextos culturales y entornos políticos.
La incorporación de nuevos países al mapa del programa en 2025 tiene una importancia especial. Indica que la globalización de las prácticas relacionadas con las plantas sigue expandiéndose a regiones en las que los marcos jurídicos suelen estar poco desarrollados, la conciencia pública sigue siendo limitada y los acusados pueden disponer de menos recursos.
Cada nuevo país en el mapa representa a una persona que se encontró en una situación de crisis sin ningún otro lugar al que acudir. Un cruce fronterizo que salió mal. Una ceremonia interrumpida por la policía. Un paquete retenido en la aduana. La denuncia de un vecino que desencadena una investigación. El mapa no representa un plan de expansión estratégico, sino que refleja el camino que ha recorrido la criminalización.
En todos estos contextos, nuestro enfoque sigue siendo el mismo: proporcionar opiniones científicas y jurídicas especializadas, poner en contacto a los acusados con abogados locales, compartir precedentes de otras jurisdicciones y garantizar que las pruebas farmacológicas más recientes lleguen a los jueces y fiscales, muchos de los cuales se enfrentan a estas sustancias por primera vez en su carrera.
En los países con sistemas jurídicos sólidos y un estado de derecho fuerte, el trabajo sigue siendo principalmente técnico: garantizar que las pruebas adecuadas lleguen a los responsables de la toma de decisiones adecuados. En países donde la independencia judicial es más débil, donde la prisión preventiva puede prolongarse durante meses o donde el acceso consular sigue siendo limitado, el trabajo a menudo se amplía a una defensa más amplia de los derechos humanos.
Mirando hacia el futuro
Al cumplir una década de trabajo, lo hacemos con gratitud y determinación. Gratitud hacia la comunidad que ha sostenido este esfuerzo a través de donaciones, solidaridad y el coraje de quienes comparten sus historias. Y determinación para seguir construyendo un mundo en el que las prácticas ancestrales con plantas reciban comprensión, respeto y protección ante la ley.
El trabajo que queda por delante sigue siendo importante. El creciente uso de las prácticas con plantas como arma en disputas familiares, las continuas preocupaciones sobre la seguridad en torno a los retiros no regulados y la expansión de la frontera geográfica de la criminalización exigen una atención y unos recursos constantes. Al mismo tiempo, hay motivos para la esperanza: sentencias judiciales favorables en múltiples jurisdicciones, un creciente conjunto de pruebas científicas que respaldan la seguridad y el potencial terapéutico de estas sustancias, y una comunidad global cada vez más organizada que se niega a aceptar la criminalización como respuesta por defecto.
Por último, queremos rendir homenaje a todas las personas que han contribuido a que este programa sea lo que es hoy en día. Ahora que ICEERS entra en una nueva etapa, miramos atrás con profunda gratitud a quienes concibieron el Fondo de Defensa de la Ayahuasca, a quienes le dieron forma a través de innumerables horas de trabajo silencioso, a menudo invisible, y a quienes lo llevaron adelante en los momentos más difíciles. Algunos estuvieron allí desde el principio; otros se unieron en el camino. Todos ellos aportaron algo de sí mismos —su tiempo, su experiencia, su convicción— para garantizar que nadie tuviera que enfrentarse solo a la criminalización.
A los fundadores, al programa científico, a los asesores jurídicos, a los miembros del comité directivo, al personal, a los abogados voluntarios de docenas de países y a los donantes que creyeron en esta misión antes de que el mundo le prestara atención: esta década os pertenece. Lo que venga después se construirá sobre los cimientos que vosotros habéis sentado.
Nuestra misión sigue siendo la misma: ayudar a cambiar la narrativa criminalizadora que rodea a las plantas sagradas y contribuir a un panorama normativo más justo, basado en la evidencia y respetuoso con la cultura. Tras diez años, seguimos más comprometidos que nunca.
Apoyo legal y comunidad
Durante más de una década, ICEERS ha proporcionado apoyo legal gratuito a personas que se enfrentan a cargos penales relacionados con prácticas tradicionales con plantas. Esta labor, conocida originalmente como el Ayahuasca Defense Fund, continúa hoy en día como el programa de apoyo legal de ICEERS, que ofrece conocimientos científicos, orientación legal y coordinación con equipos de defensa en casos complejos en todo el mundo.
Sin embargo, muchas de las situaciones con las que nos encontramos revelan un patrón más profundo: las crisis legales suelen surgir en entornos en los que las comunidades carecen de acceso a información fiable, orientación legal o espacios para debatir los riesgos antes de que surjan los problemas.
Por esta razón, ICEERS ha lanzado recientemente los Community Circles, un espacio diseñado para apoyar el ecosistema más amplio que rodea las prácticas tradicionales con plantas. A través de estos círculos, los practicantes, organizadores y miembros de la comunidad pueden acceder a espacios de diálogo, recursos educativos y perspectivas de expertos, incluyendo orientación sobre contextos legales y concienciación sobre los riesgos en diferentes países.
Mientras que el programa de soporte legal sigue respondiendo a casos urgentes de criminalización, los círculos comunitarios tienen como objetivo fortalecer la capacidad de la comunidad para la prevención, la responsabilidad y la toma de decisiones informadas. Porque, en última instancia, la forma más eficaz de defensa legal comienza mucho antes de llegar a los tribunales.
