Igor Domsac | 26 junio 2025
Cada 26 de junio, las Naciones Unidas conmemoran el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, una fecha que históricamente ha sido utilizada para reforzar discursos de control y castigo en torno a las sustancias psicoactivas. Sin embargo, en los últimos años, este día ha sido reapropiado por organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo para visibilizar las consecuencias devastadoras de las políticas represivas y exigir enfoques centrados en la salud, los derechos humanos y la justicia social.
En este contexto emergió la campaña global «Support. Don’t Punish» («apoya, no castigues»), un movimiento que transforma el significado del 26 de junio para convertirlo en un llamamiento a la compasión, la evidencia y la dignidad. Desde ICEERS, nos unimos a Harm Reduction International, Amnistía Internacional y a más de un centenar de organizaciones aliadas para exigir un cambio urgente: el fin de la pena de muerte por delitos relacionados con drogas.
Nos sumamos también a la campaña desde el trabajo local que venimos sosteniendo desde hace más de una década en Barcelona, organizando junto a CATNPUD (la Red Catalana de Personas que Usan Drogas) la jornada del 26 de junio, como parte de esta movilización internacional. La campaña, impulsada inicialmente por IDPC (International Drug Policy Consortium), resulta fundamental para visibilizar alternativas y fortalecer un movimiento global que exige políticas más humanas y eficaces.
Junto a esta alianza internacional, hemos respaldado una declaración conjunta dirigida a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y a la Comisión de Estupefacientes (CND), exigiendo que condenen explícitamente esta práctica y que tomen acciones inmediatas para garantizar el cumplimiento de las salvaguardias internacionales de derechos humanos.
Políticas que matan
Actualmente, al menos 35 países contemplan la pena de muerte para delitos de drogas, y varios la aplican activamente. Esta forma extrema de castigo no solamente resulta desproporcionada, sino que viola principios fundamentales del derecho internacional, incluyendo el derecho a la vida y a un juicio justo. Tal como documenta Harm Reduction International, el año 2024 presentó un panorama especialmente alarmante: se registraron ejecuciones por delitos de drogas en Irán, Arabia Saudita, Singapur y China. Estas prácticas afectan desproporcionadamente a personas en situación de vulnerabilidad, como mujeres, minorías étnicas o individuos en contextos de exclusión social.
Desde ICEERS trabajamos para transformar las políticas de drogas desde una perspectiva integral que respete los derechos humanos, la salud pública y la diversidad cultural. Nuestra labor se centra especialmente en el acompañamiento legal y psicosocial de personas que hacen uso de especies psicoactivas tradicionales, muchas veces criminalizadas bajo marcos legales que no contemplan su valor cultural o terapéutico.
Por ello, la campaña «Support. Don’t Punish» resuena profundamente con nuestra misión. En lugar de abordar el uso de sustancias desde el castigo y la criminalización, esta iniciativa internacional pone en el centro la compasión, la justicia social y el respeto a los derechos humanos. Las respuestas punitivas, además de resultar ineficaces para reducir los daños asociados al uso de sustancias, perpetúan el estigma, alimentan la marginalización y generan sufrimiento evitable en comunidades ya vulnerables. Frente a este paradigma obsoleto, apostamos por modelos de regulación basados en la evidencia científica y el diálogo intercultural, que prioricen la vida, la salud, el cuidado mutuo y el respeto por la autonomía, tanto individual como colectiva. Creemos que ha llegado la hora de reemplazar el miedo y el castigo por políticas más humanas, centradas en el bienestar de las personas y en la construcción de sociedades más justas e inclusivas.
Un llamamiento a la cordura
El comunicado conjunto que hemos respaldado transmite un mensaje muy claro: la UNODC y la CND deben asumir su responsabilidad y condenar de manera explícita la pena de muerte por delitos de drogas. No podemos permitir la neutralidad frente a las violaciones de derechos humanos. La legitimidad de estos organismos depende de su coherencia con los principios que declaran promover.
Este llamamiento a transformar las políticas de control no puede desligarse de una reflexión más amplia sobre la justicia y la pluralidad legal. Tal como ha recordado el Relator Especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, los Estados deben reconocer y respetar los sistemas de justicia indígena como parte integral de la protección de los derechos colectivos y de la autodeterminación. En contextos donde el uso de plantas psicoactivas forma parte de prácticas tradicionales, la criminalización no sólo vulnera derechos individuales, sino que también niega el valor de sistemas normativos ancestrales. Ignorar esta dimensión constituye una forma de violencia estructural que refuerza la exclusión y deslegitima saberes fundamentales para el equilibrio comunitario.
Este 26 de junio, alzamos la voz con firmeza y convicción: apoyar, no castigar. Porque nadie, en ningún lugar del mundo, debería enfrentar la pena de muerte —ni ningún otro castigo cruel, inhumano o desproporcionado— por un delito relacionado con drogas. Porque las leyes no pueden seguir alimentando la violencia institucional, el miedo y la exclusión. Porque las políticas deben cuidar, no reprimir; deben acompañar procesos de salud, no criminalizar a quienes usan sustancias; deben priorizar la vida y la dignidad, no castigar la vulnerabilidad. Hoy lo pronunciamos bien alto: ¡basta de castigos inútiles, basta de sufrimiento evitable! La represión no resuelve nada. Al contrario, supone el núcleo del problema. Castigar no sana. Castigar destruye.
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