Igor Domsac | 13 febrero 2026
El 13 de febrero de 2026, la Sala Ernest Lluch del Congreso de los Diputados acogió la primera jornada parlamentaria en España dedicada a las psicoterapias asistidas con psicodélicos, bajo el título «Innovación en salud mental: terapias asistidas con psicodélicos en España». Durante cuatro horas, el Parlamento español dejó espacio a una conversación que, hasta hace pocos años, apenas encontraba cabida en ámbitos institucionales. La convocatoria, impulsada por Fundación Inawe y la Sociedad Española de Medicina Psicodélica, reunió a perfiles clínicos, investigadores y representantes del ámbito regulatorio con un propósito inequívoco: trasladar al corazón legislativo un debate que ya ocupa hospitales, universidades y agencias sanitarias en diversos países.
La discusión se inscribió en un contexto marcado por una presión creciente sobre los sistemas de salud mental. Las cifras oficiales reflejan desde hace años una elevada prevalencia de diagnósticos relacionados con depresión, ansiedad, trastornos adaptativos y consumo problemático de sustancias. En ese escenario, las terapias asistidas con psicodélicos han ganado visibilidad como línea de investigación clínica, siguiendo un modelo terapéutico estructurado que integra evaluación previa, preparación psicológica, sesión supervisada en condiciones controladas e integración posterior. La sustancia, en ese marco, ocupa una función instrumental dentro de un proceso clínico complejo que exige formación específica, protocolos claros y salvaguardas éticas rigurosas.
La estructura del programa dibujó un itinerario completo: evidencia científica, experiencia clínica, modelos regulatorios comparados y retos específicos para España. La jornada se inauguró con la intervención de la doctora Elisabet Domínguez Clavé —coordinadora de PsychedeliCare en España— y de Carlos Alonso, presidente de la Fundación Inawe. La apertura situó el debate en el cruce entre investigación clínica, sufrimiento real y responsabilidad pública. No se habló de tendencias culturales, sino de salud mental, de evidencia y de la necesidad de examinar estas herramientas con rigor. Domínguez Clavé insistió en que el debate no gira en torno a la desregulación, sino en torno a una regulación responsable que permita investigar mejor, proteger a los pacientes y ofrecer seguridad jurídica a los profesionales.
Evidencia científica y seguridad
La primera mesa respondió a una pregunta tan básica como decisiva: «¿qué sabemos sobre estas sustancias?». Bajo la moderación del doctor Genís Oña —que formó parte durante años del equipo científico de ICEERS—, el programa propuso un recorrido deliberadamente ordenado, desde lo celular y molecular hasta lo clínico. El objetivo no consistía en importar conclusiones ajenas, sino en mostrar que, en España, la investigación lleva años articulándose desde distintos enfoques y con una trayectoria propia.
Con ese hilo conductor, intervinieron el doctor Juan López (CSIC), la doctora Margarita Moreno (Universidad de Almería) y el doctor Luis Caballero. La mesa colocó el foco en lo verificable: modelos preclínicos, lectura biomolecular de mecanismos, y evaluación clínica en condiciones controladas. El encuadre insistió en la necesidad de distinguir entre promesas, hipótesis y hallazgos, y en la importancia de no confundir un campo emergente con un territorio sin método.
En su intervención, Juan López situó el «renacimiento psicodélico» en una secuencia histórica: conocimiento ancestral, auge científico en el siglo XX, décadas de restricción y, en los últimos años, un resurgimiento motivado por resultados observados en salud mental y por un aumento notable de publicaciones. Planteó, además, un elemento clave para la discusión clínica: en depresión resistente se han descrito mejoras significativas tras una o pocas dosis, con un efecto sostenido durante semanas o incluso meses, un perfil que obliga a pensar no sólo en el efecto agudo, sino en cambios de largo alcance.
Desde esa base, López explicó que los psicodélicos clásicos actúan principalmente a través del receptor 5-HT2A de serotonina y conectó el posible efecto terapéutico con la hipótesis de la plasticidad neuronal: la capacidad de reorganización de conexiones sinápticas. Introdujo, asimismo, una controversia vigente en el campo, con implicaciones regulatorias y clínicas: si el efecto terapéutico sostenido requiere necesariamente la experiencia subjetiva inducida por el psicodélico o si podrían desarrollarse compuestos con impacto neuroplástico sin efectos psicoactivos. En ese punto, su conclusión resultó prudente: la evidencia mecanística avanza, pero aún queda trabajo antes de poder cerrar la discusión.
En conjunto, la mesa dibujó un marco de rigor: la investigación progresa, pero exige estándares, replicabilidad y seguimiento, y requiere prudencia al traducir resultados a decisiones de política sanitaria. La conversación abandonó el terreno de la especulación para recordar que cualquier paso hacia la implementación clínica debe apoyarse en datos, metodologías sólidas y una lectura honesta de los límites actuales del conocimiento.
Eficacia clínica
La segunda mesa abordó el corazón clínico del debate: «Eficacia clínica, ¿cómo funciona la terapia asistida con psicodélicos y qué dicen los pacientes?», moderada por el psiquiatra Santiago Madero. En esa mesa intervino Marc Aixalà, psicólogo clínico, autor y miembro de ICEERS, con amplia trayectoria en integración de experiencias psicodélicas y formación de profesionales.
Su intervención introdujo un desplazamiento conceptual decisivo. El centro del proceso no lo ocupó la sustancia ni el terapeuta, sino la experiencia de la persona. Aixalà defendió que este modelo combina farmacoterapia y psicoterapia dentro de un enfoque genuinamente centrado en quien atraviesa el proceso. El terapeuta no «produce» la curación: facilita condiciones para que el trabajo interno pueda desplegarse con seguridad. «Quizás una de las cosas más bonitas, podríamos decir, de este abordaje terapéutico es que combina la farmacoterapia, la psicoterapia y un enfoque centrado en el paciente», dijo.
La terapia asistida con psicodélicos —subrayó— no consiste en la aplicación aislada de un fármaco, sino en una arquitectura clínica donde sustancia, proceso psicoterapéutico y experiencia subjetiva interactúan de forma inseparable. Aixalà llamó la atención sobre algo revelador: cuando las personas describen su proceso, rara vez hablan del profesional concreto o de la molécula específica. «El enfoque está centrado en el paciente y en la experiencia del paciente», afirmó. Esa centralidad implica una modificación profunda del rol terapéutico. «El rol del terapeuta es más una persona que acompaña un proceso y que facilita que suceda un proceso más que ser el hacedor o la persona que lleva la batuta y que dirige la sanación del paciente».
Marc señaló que esta intervención no equivale a una «operación a corazón abierto» —no exige una técnica quirúrgica compleja— pero sí «requiere un entrenamiento determinado para poder apoyar estos procesos de una forma satisfactoria». La formación específica, por tanto, no aparece como accesorio, sino como requisito estructural.
En relación con la integración, Aixalà precisó que el modelo psicoterapéutico asociado a estas intervenciones «no son psicoterapias directivas en las que se dice al paciente lo que tiene que hacer». Más bien, se trata de procesos que «permiten que la persona vaya encontrando sus propios recursos internos». El énfasis recae en la agencia y en la recuperación de capacidades, no en la imposición de itinerarios externos.
También abordó una cuestión que suele aparecer en testimonios de larga trayectoria clínica: el paternalismo. Señaló que muchas personas con trastornos resistentes refieren sentirse tratadas «de una forma paternalista por el sistema médico». Frente a esa dinámica, defendió una aproximación que combina respeto y acompañamiento sin condescendencia.
Finalmente, introdujo una advertencia estructural que trasciende la técnica individual: «No se trata sólo de tener las sustancias disponibles o legalizadas, sino que haya una infraestructura de profesionales que sepan cómo intervenir». El avance responsable de estas terapias, por tanto, no depende únicamente de decisiones regulatorias, sino de equipos formados, protocolos claros y continuidad asistencial.
En la misma mesa, el psiquiatra Óscar Álvarez aportó un encuadre técnico complementario al enfatizar la importancia del contexto —el conocido binomio «set y setting»— y el papel del vínculo terapéutico como predictor de respuesta clínica. El acompañamiento no apareció como accesorio, sino como componente central de seguridad y eficacia.
Asimismo, un testimonio en primera persona atravesó la sala con una carga emocional difícil de contener. Esta persona, que prefiere mantenerse en el anonimato, relató su experiencia de más de dos décadas de depresión resistente, de una vida que avanzaba «sin sabor», de maternidad vivida con culpa y aislamiento progresivo. Habló de una vida vivida «sin pena ni gloria», de una ansiedad constante «aquí, en el pecho», y de noches en las que se acostaba «deseando el día siguiente no levantarme», atrapada en un pensamiento recurrente: «me quería morir». Las terapias ayudaban a resistir y la medicación amortiguaba extremos, pero el sufrimiento seguía ahí, cronificado, erosionando vínculos y sentido.
Su participación en un ensayo clínico con psicoterapia asistida con 5-MeO-DMT supuso un antes y un después. Durante la experiencia, la paciente describió una sensación de pertenencia y conexión que sustituyó al vacío persistente, la liberación de una ansiedad física constante y un «cambio de filtro» en la forma de percibir la realidad. Se trató de una interpelación directa a los responsables públicos: aceptar la cronificación del sufrimiento como destino inevitable, habiendo investigación en curso y resultados prometedores, le parecía moralmente inaceptable.
Regulación internacional
Tras una pausa, la jornada se desplazó hacia los modelos regulatorios comparados. La mesa, moderada por Antón Gómez-Escolar, contó con la participación del doctor Todd Korthuis (Oregon Health & Science University) y con la ausencia a última hora de la doctora alemana Andrea Jungaberle, que iba a exponer el caso alemán —con especial atención a la psilocibina en pacientes resistentes a tratamiento— y no pudo viajar. La introducción dejó un marco nítido: no se partía de «sustancias que salgan de la nada», sino de compuestos sometidos a control internacional estricto y, aun así, con margen legal para usos médicos e investigación cuando existen condiciones «muy bien controladas».
Gómez-Escolar recordó que los psicodélicos clásicos figuran en la lista 1 de fiscalización internacional de la Convención de 1971 sobre Sustancias Psicotrópicas, con implicaciones prácticas que encarecen y dificultan el trabajo clínico y científico: requisitos de custodia, barreras logísticas, proveedores farmacéuticos limitados y una burocracia que, en la práctica, ralentiza la generación de evidencia. A la vez, subrayó las dos excepciones que han permitido el resurgimiento del campo: la autorización para fines de investigación y para fines médicos, además de algunas excepciones ligadas a usos tradicionales en determinadas regiones.
En ese contexto, se presentaron varias vías para avanzar sin romper el marco internacional: desde el cambio eventual de clasificación —vía OMS y Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas, junto con adaptaciones nacionales— hasta mecanismos ya operativos, como programas especiales de acceso, modelos de uso compasivo y esquemas supervisados que permiten aprendizaje institucional mientras la vía convencional de aprobación farmacológica sigue su curso. Se insistió en que el itinerario clásico —preclínica y fases 1, 2 y 3— resulta largo y costoso, y que, mientras tanto, algunos países abren puertas reguladas para responder a necesidades urgentes y, a la vez, acumular experiencia clínica, formar profesionales y recoger datos.
Todd Korthuis aterrizó ese debate con el ejemplo de Estados Unidos. Explicó que el acceso regulado a servicios de psilocibina surgió, en parte, del interés público y de iniciativas legislativas: Oregón aprobó el primero en 2020, seguido de Colorado en 2022 y Nuevo México en 2025, mientras otros estados estudian propuestas similares. En Oregón, el programa depende de la Autoridad de Salud, combina productores con licencia, análisis en laboratorios certificados y centros autorizados donde la administración ocurre siempre en sesión supervisada —sin posibilidad de «llevar la dosis a casa»—, con facilitadores que brindan apoyo no directivo y preparan al cliente antes de la sesión.
La mesa puso el foco en lo verificable: datos, seguimiento y mecanismos de seguridad. Korthuis estimó que unas 15.000 personas han recibido servicios regulados desde 2023 en Oregón, y presentó OPEN, un proyecto longitudinal no comercial para documentar experiencias y resultados a lo largo de meses. Los hallazgos iniciales mostraron pocos incidentes graves, aunque relevantes, y mejoras en síntomas de depresión, ansiedad y trauma en seguimientos a uno y tres meses, junto con aumentos de bienestar y satisfacción vital. En el turno de preguntas se aclaró un punto crucial: se trata de un entorno no médico, y la mesa recalcó la necesidad de salvaguardas específicas —formación obligatoria, reporte de incidentes, límites claros sobre consentimiento y contacto, y seguimiento posterior—, precisamente para sostener la seguridad y la calidad en modelos de acceso supervisado.
Oportunidades y retos para España
La última mesa abordó la pregunta inevitable: ¿qué implicaría avanzar en España? Moderada por el doctor Óscar Soto Angona, reunió a la doctora Rosa María Dueñas (Hospital Sant Joan de Déu), el doctor Manuel Ángel Franco, Maria de Valles, Maria Eugenia Martín y el doctor Narcís Cardoner, entre otros.
Se discutieron retos de investigación, necesidades de financiación, encaje normativo y garantías de acceso clínico seguro. La conversación dejó claro que el desafío no consiste únicamente en autorizar una herramienta, sino en integrarla en un sistema sanitario que aspire a equidad, calidad y sostenibilidad.
En esta ocasión, el debate giró hacia la pregunta práctica: cómo avanzar en España sin romper el equilibrio de un sistema público que aspira a la universalidad. Varias intervenciones señalaron la tensión entre medicina personalizada y guías clínicas basadas en evidencia estandarizada, y advirtieron que, más allá de la estadística, existe «una certeza de que hay pacientes que completamente se recuperan», incluso tras «diez o quince años bloqueadas, y con alto riesgo de suicidio». Desde esa premisa se defendió, como mínimo, la posibilidad de acceso «aunque sea con uso compasivo», junto a más investigación para afinar perfiles y criterios.
La conversación aterrizó luego en la variable que frena casi todo: el dinero. Se recordó que incluso fármacos aprobados por la Agencia Europea del Medicamento pueden no llegar a utilizarse en España por coste y tiempos de incorporación, y se describió la lógica gerencial con una frase cruda: «la unidad menos costosa es la que no existe». Aun así, se planteó que el balance económico podría favorecer estas terapias cuando se comparan décadas de tratamiento crónico con intervenciones breves, y que los estudios de coste-beneficio internacionales ya apuntan resultados favorables.
También se subrayaron riesgos y condiciones: un «uso acrítico» fuera de contextos clínicos puede comportar daños y desprestigiar el campo. La implementación exigiría reorganización asistencial, formación específica y equidad real: evitar que el acceso dependa «no de tu código genético, sino de tu código postal». Sin financiación pública para investigación independiente — capaz de superar «aspectos ideológicos y dogmáticos» —, el conocimiento quedaría en manos de intereses parciales y preguntas clave quedarían sin respuesta.
En el cierre, los organizadores insistieron en un doble reto: rigor y seguridad, junto a diálogo político y social informado. Carlos Alonso sintetizó el espíritu de la jornada con una frase que resonó en la sala: «Se trata de deliberar con rigor hoy para no improvisar mañana. La pregunta no es si el debate debe abrirse. La pregunta es si estamos dispuestos a asumir el coste de no hacerlo».
Más allá del evento
Esta conversación no cerró el debate: lo abrió en sede parlamentaria. Y dejó una idea transversal: cualquier avance en este ámbito debe anclarse en una ética del cuidado que sitúe a la persona —con su biografía, su vulnerabilidad y su autonomía— en el centro. Sin formación rigurosa, sin marcos claros y sin protección de derechos, la innovación se vacía. Con ellos, la conversación puede evolucionar hacia un análisis serio sobre cómo reducir sufrimiento en contextos donde las herramientas actuales no siempre alcanzan.
El debate parlamentario no resolvió interrogantes, pero sí abrió una escena institucional distinta. Cuando el legislativo presta atención a un campo emergente con vocación de análisis técnico y prudencia ética, se desplaza el eje de la conversación pública. Ya no se trata de polarizar entre entusiasmo y alarma, sino de interrogar con rigor qué condiciones permitirían —o no— integrar determinados modelos terapéuticos en un sistema sanitario que aspira a equidad, calidad y responsabilidad.
La jornada dejó una constatación clara: la conversación sobre terapias asistidas con psicodélicos ha abandonado la periferia. El desafío, a partir de ahora, radica en sostener el debate con profundidad, datos y una ética del cuidado que sitúe en el centro a las personas, sus contextos y sus derechos.
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